El Gobierno colombiano y las FARC pusieron hoy en marcha en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste), un proyecto piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que convierte en realidad uno de los puntos acordados en las negociaciones de paz.

En Pueblo Nuevo, una de las diez veredas en la que se empezará este plan de sustitución, fueron revelados algunos detalles del considerado primer laboratorio para el posconflicto, que forma parte de los gestos de confianza entre las partes para reducir la intensidad del conflicto armado.

El acto estuvo encabezado por el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, en representación del Gobierno, y Félix Antonio Muñoz, alias "Pastor Alape", uno de los negociadores de paz de las FARC en los diálogos de La Habana.

También estuvieron presentes el alcalde de Briceño, José Danilo Agudelo, la coordinadora residente encargada de las Nacionales Unidas, Belén Sanz y el director de la Oficina de Atención Integral de Lucha contra las Drogas, Eduardo Díaz.

Unas 400 familias que viven de los cultivos de coca asistieron a la presentación del proyecto, que según explicó Pardo marca el inicio de la construcción de una hoja de ruta en la que los campesinos, las FARC y el Gobierno se deben comprometer con distintas acciones para cambiar su forma de subsistencia.

"En dos meses aspiramos a tener una hoja de ruta y los compromisos definidos para iniciar la sustitución. Esta es una medida de confianza", explicó el consejero del posconflicto.

En Briceño, zona de alta vulnerabilidad donde la presencia de cultivos ilícitos ha sido persistente, se empezará una "transformación" en diez veredas: Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal.

Para lograrlo, los campesinos tendrán entre sus compromisos sustituir los cultivos, tumbar la coca, no resembrar, comercializar o estar en actividades ilícitas, mientras que el Gobierno debe garantizar estos programas se concreten durante el proceso.

Pardo advirtió que realizarán un "monitoreo preciso" de los cultivos para evitar que sigan sembrando coca, y no ocultó la "preocupación" que generó el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), divulgado este viernes en Bogotá, donde se evidenció que en Colombia estos cultivos se han disparado a las 96.000 hectáreas.

"La existencia de este volumen de cultivos ilícitos hace más difícil la sostenibilidad de la paz. Mientras haya una mata de coca, habrá comprador, grupos que amenazan y usan la violencia", afirmó.

Por su parte, "Pastor Alape" indicó que el papel de la guerrilla en el proyecto piloto estará orientado en "acompañar a las comunidades" para que expongan sus inquietudes y definir parte de la hoja de ruta.

Enfatizó en que se debe hablar de "sustituir y no de erradicar" y aclaró que las transformación de los cultivos de ilegales a legales se irá dando de manera paulatina una vez los campesinos "establezcan con sus propias iniciativas" para que "a medida que vayan sembrando otras plantas, vayan reduciendo la producción cocalera".

Para Alape, la puesta en marcha del proyecto de sustitución de cultivos ilícitos implica que las FARC cambian "la visión del combate" y van "a buscar soluciones con los campesinos".

También reveló que miembros de esa guerrilla van a acompañar el proceso en Briceño y se encargarán de visitar y hablar con la comunidad, para "hacer un registro de cuántos cultivos hay".

El plan de sustitución constituye el inicio de la implementación de los acuerdos que se están logrando en La Habana y que en este caso llegan a las zonas rurales, los territorios donde más se ha sentido el conflicto, consideró Sanz, quien apuntó que ve con "gran optimismo" las negociaciones.

"La paz no solo se hace en La Habana. Estas iniciativas son una oportunidad única para traer los acuerdos al territorio colombiano y generar confianza en que el cambio es posible", declaró la representante encargada de la ONU a los medios.

Mientras, entre los campesinos de Briceño hay incertidumbre con el proceso de sustitución de cultivos, pues solicitan que les garanticen ingresos similares a los que reciben con la coca.

"Todos los campesinos de Briceño comemos de la coca, por eso necesitamos que nos cumplan", dijo a Efe Saúl de Jesús Vádez, uno de los pobladores de la zona, quien ilustró que de esos cultivos vive una larga cadena integrada por raspachines, arrieros, fumigadores, macheteros y señoras que les cocinan.

No obstante, Ignacio Jaramillo, líder comunitario, recordó que esta población ha sentido el "rigor de la guerra" y dijo que ahora están dispuestos a trabajar en la sustitución para "no convivir con violencia" siempre y cuando les garanticen subsidios en ese periodo de transición.

EFE